Millonarias pérdidas en obras municipales

A 2 millones 400 mil soles ascendería el perjuicio económico detectado por Contraloría General de la República en un paquete de obras ejecutadas bajo la responsabilidad de los gobiernos locales de Castilla y La Unión.

En la lista negra también se encuentran la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau y la Municipalidad Provincial de Sullana, en donde se encontró presuntas irregularidades en obras de saneamiento.
Los hallazgos de Contraloría fueron expuestos en diferentes informes de Correo, que acogió las denuncias de los vecinos y realizó minuciosas investigaciones para destapar los supuestos actos de corrupción.
DE MAL EN PEOR. En el caso de La Unión y Castilla los proyectos auditados tienen un monto presupuestal superior a los 50 millones de soles, y en ambos casos, las obras de saneamiento no han sido concluidas.
En el municipio castellano se puso bajo la lupa la obra de "Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector noreste de Castilla", cuyo presupuesto ahora bordea los 33 millones de soles.
EMBLEMÁTICO. De acuerdo al órgano superior de control, este sería el caso más importante, toda vez que el perjuicio económico causado, es el presunto favorecimiento a un contratista a quien se pagó en exceso un millón 433 mil 380 soles por partidas no ejecutadas y que no cumplieron con las especificaciones técnicas, revela.
Esta obra inició su ejecución a fines de 2011, año en que fue adjudicada al Consorcio H&B, que para fines de 2013 abandonaría los trabajos y actualmente se encuentra en arbitraje con la Municipalidad Distrital de Castilla.
AÑOS ATRÁS. Un grupo de vecinos castellanos denunció las supuestas irregularidades en torno a la licitación en noviembre de 2011, y luego de tres años, el proceso se encuentra a espera de Audiencia de Control de Acusación, para saber si la alcaldesa de Castilla Violeta Ruesta va o no al banquillo de los acusados.
En este distrito también se determinó pérdidas por más de 131 mil 783 soles tras el hallazgo de "una serie de irregularidades vinculadas al proceso de selección y ejecución de la obra Construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana Felipe Cossio del Pomar", se lee en el comunicado de Contraloría.
PÉSIMO. Otro distrito con problemas es La Unión, cuya obra principal de agua potable y alcantarillado (solo quedó este componente tras modificaciones al expediente) también se encuentra en una penosa situación, excediendo los plazos pactados para su culminación.
La municipalidad de La Unión destinó más de 17 millones de soles para los trabajos de saneamiento, no obstante, se habrían realizado pagos por trabajos no realizados, lo que habría generado pérdidas por 851 mil 257 soles durante la ejecución de la obra.
"La adjudicación de esta obra habría estado plagada de irregularidades. Se encontraron indicios de que se habría favorecido reiteradamente al único postor que se presentó, el cual estaría vinculado al experto independiente que integraba el Comité Especial encargado del proceso de selección (ambos consignaron el mismo domicilio legal durante el proceso)", informa la entidad de control, que está a cargo del contralor Fuad Khoury Zarzar.
PASÓ DE TODO. Las irregularidades brotan como pus al hincar la herida. Por ejemplo, según señala Contraloría, los funcionarios aceptaron la propuesta técnica del consorcio la cual no habría cumplido con los requerimientos técnicos mínimos y le habrían asignado un mayor puntaje al que correspondía para que siguiera en el proceso.
LOS REGIDORES. En el mismo tenor de espanto y tufo a presunta corrupción, se emitió un Acuerdo Municipal para declarar en emergencia el sistema de alcantarillado del casco urbano, tal y como informó Correo, con el afán de exonerar el proceso de selección para culminación del proyecto.
Siendo así, se adjudica al Consorcio San Jorge el saldo de obra con un valor referencial de 4 millones 337 mil 335 soles.
"En tiempo récord de una hora con diez minutos, desde la presentación de las propuestas, se otorgó la Buena Pro a un consorcio integrado por dos empresas, una de las cuales carecía de experiencia en ejecución de obras", expone el órgano superior de control en un extenso comunicado.
FALTA MÁS. Como cereza del pastel, la comuna de La Unión aceptó que el consorcio ganador presente cartas fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Emprendedores - Coopem, "entidad que no se encontraba supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)".
"La municipalidad aceptó cartas fianzas por más de S/. 3 millones de Coopem, una entidad que tenía como capital social apenas S/. 1,400, según Registros Públicos. Esto significa que en caso de incumplimiento del contrato, la municipalidad quedaba totalmente desprotegida pues Coopem carecía de solvencia para garantizar el pago de las cartas fianzas y no hubiera podido responder ni por el 0.05% que garantizó", da a conocer.
EN ESPERA. Los hallazgos han motivado que la Procuraduría Pública de la Contraloría General presente las denuncias penales contra los presuntos responsables por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.