Funcionarios de confianza del alcalde de Sullana, Carlos Távara, causa perjuicio económico a la municipalidad

Desaciertos de funcionarios le pasan factura a las actas ediles

Una auditoría encargada por la Contraloría General de la República revela que el mal desempeño algunos funcionarios de confianza del alcalde de Sullana, Carlos Távara, causa perjuicio económico a la municipalidad.

Mientras el titular de la Municipalidad Provincial de Sullana, Carlos Távara Polo, vive su sueño americano en New Jersey, algunos de sus funcionarios de confianza están causándole un perjucicio económico a la entidad edil.

Una auditoría encargada por la Contraloría General de la República a la Sociedad Suárez Auditores & Asociados, revela que al menos cinco funcionarios designados por Carlos Távara no cumplen con el perfil profesional requerido en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

NEGLIGENCIA. Entre los hallazgos de esta auditoría se desprende que debido a no cumplir con lo estipulado en las normas, se pone en riesgo la inversión de 5 millones 233 mil soles de la obra de mejoramiento del colegio Hildebrando Castro Pozo, en el centro poblado Chalacalá Baja.

SUPERVISIÓN EXTERNA. La Ley de Presupuesto del Sector Público estipula que la obra debió contar con supervisión externa desde su inicio, el 10 de marzo de 2015, pero el contrato de supervisión se firmó recién el 26 de junio del mismo año. Antes de ello, la comuna designó a dos inspectores, primero a Marco Carpio y luego a Manuel Culquicóndor.

Es decir, la contratista pudo haberse valido de esta omisión para solicitar la nulidad del contrato y quedarse con el adelanto sin mover un solo dedo, debido al incumplimiento de la municipalidad.

Lo que sucedió después es historia ya conocida. La comuna denunció al consorcio ejecutor por falsedad genérica, pues informaron que la ejecución de la obra era de 96%, pero se constató que el avance real era de 65 %. Para realizar este cobro, se adjuntaron fotografías trucadas.

OMISIÓN. Esta auditoría revela que la municipalidad de Sullana concedió ampliaciones de plazo irregulares, sin ser revisadas.

Tal es el caso de la ampliación N° 3, donde el Consorcio Saneamiento Sullana pide al supervisor 37 días más de plazo. Después de analizarla, el supervisor otorga solo 30 días, pero debido a la demora en este trámite y su notificación, la solicitud quedó concedida, tal como lo requirió la ejecutora. El Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado señala que la entidad tiene 7 días de plazo para pronunciarse sobre las ampliaciones de plazo.

Estas faltas administrativas fueron advertidas por sendos informes del primer gerente edil de la comuna de Sullana, Jorge Pérez y del exgerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Rigoberto Juárez Dioses, pero ambos salieron de la institución como los malos de la película y Távara no hizo caso a estas recomendaciones.

NO ESTÁN PREPARADOS. Según el estudio realizado entre el 2015 y este año, con el fin de conocer la efectividad de los mecanismos de control interno de la municipalidad de Sullana, la razón de estas fallas es que algunos gerentes y subgerentes no reúnen los requisitos exigidos para el cargo, pues algunas de sus decisiones erradas afectaron las arcas municipales.

La servidora más cuestionada por los órganos administrativos de la comuna es la actual gerente de Asesoría Jurídica de la comuna chirense. La abogada Paola Castillo Barreto debería acreditar como mínimo haber trabajado 5 años en funciones similares, es decir, en gestión municipal en el área jurídica. Sin embargo, según su hoja de vida, solo laboró como asesora legal en la Caja Piura, y como asistente en la Corte Superior de Justicia de Sullana. También fue asistente jurisdiccional en el Jurado Electoral, pero en ninguno de sus empleos defendió al Estado, tarea que ahora desarrolla con notorias deficiencias.

Según la comisión auditora, la mencionada jurista orientó de forma errada a varias dependencias municipales. Esta falta de pericia causó que se duplique el pago de proveedores y contratistas, además de omitir el cobro de deudas a favor de la municipalidad. En cambio, se realizaron denuncias por delitos inexistentes.

Caso similar es el de la Procuradora pública municipal, Irma Infante Ruiz, que debería tener por lo menos 10 años de experiencia como defensora de los interés del Estado; requisito que sería difícil de verificar, pues ella se tituló el 30 de noviembre del 2007. Esto explicaría la cantidad de demandas contenciosas administrativas que la comuna ha perdido, trayendo como consecuencia que se hayan repuesto judicialmente 11 trabajadores.

La subgerenta de Programas alimentarios, Tania Polo Morales, quien en comunicación telefónica con Correo indicó ser docente, pero este grado no pudo ser comprobado en el portal de Sunedu. De ser como ella manifiesta, tampoco cumpliría con el grado requerido de administrador de empresas o carrera afín.

OBSERVADOS. Lo mismo pasa en la gerencia de Gestión Ambiental, donde se solicita un título profesional en ingeniería ambiental, industrial o afín. No obstante, quien ocupa el cargo es la excontendora de Carlos Távara, por el movimiento Obras + Obras, Gregoria Zapata Gallegos. Según el Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, es licenciada en Eduación en la especialidad de Lengua y Literatura. Tampoco acredita experiencia en dirección y organización en materia ambiental no menor de 3 años, como lo exige la municipalidad.

En esta misma área, se observa que el subgerente de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Luis Portugués Castillo, quien es bachiller en ingeniería Informática, al igual que su jefa inmediata, no cuenta con el título requerido en ingeniería industrial o ambiental.