Fiscalía pasó al archivo las denuncias contra Marchena

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca (MPA), Humberto Marchena Villegas, tiene un historial plagado de denuncias, algunas archivadas por aparente desidia del Ministerio Público y otras aún en proceso; a nivel fiscal y en el Poder Judicial.

Así lo revelan documentos de la Contraloría General de la República a los que Correo tuvo acceso, en los que se resume el pasado nada santo del cuestionado burgomaestre que va por su tercer período en la comuna provincial.
No obstante, esta autoridad re-reeleccionista rechaza las acusaciones, y vuelve a tildar de "locos" a sus denunciantes, a quienes insiste en llamar "terroristas".
AÑOS TRÁS. Como en la mayoría de casos, un grupo de vecinos inicia la titánica tarea de fiscalizar una gestión, supuestamente, colmada de irregularidades.
Año tras año, gestión tras gestión, han denunciado presuntos malos manejos, que a su vez originaron procesos en el Ministerio Público, llegando algunos al Poder Judicial, para finalmente, ser archivados o encarpetados en el rincón del olvido.
Estas denuncias fueron puestas en conocimiento del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Zeballos, en febrero pasado, durante su visita a la ciudad de Piura.
Esto motivo que Contraloría haga llegar un "resumen de información relacionada a las 10 denuncias respecto de obras ejecutadas en la MPA" al dirigente ayabaquino, José Culquicondor Cango, quien buscó a Vicente Zeballos.
Un mes después, en marzo de este año, el órgano superior de control cumplió con dar cuenta sobre el estado de las denuncias, tras designar a un abogado auditor para que elabore el resumen, según se observa en el oficio N°00195-2014-CG/ORPI.
En el listado se encuentran casos que se remontan a la primera y segunda gestión de Humberto Marchena.
UNA POR UNA. Por ejemplo, allí está el caso 19-2013 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca, relacionado a las supuestas irregularidades cometidas en el proyecto de mejoramiento del camino Coco-Sausal, por un valor de 3 millones 237 mil 742.70 soles.
El 6 de agosto de 2013, la fiscalía formalizó la investigación preparatoria, que incluyó al alcalde y a su gerente municipal Eber Dulanto Andrade Pintado.
También está la denuncia por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de funciones contra el burgomaestre, motivada por la "solicitud de erradicación de botadero municipal".
AL ARCHIVO. Entre los procesos mandados al archivo, se encuentra el caso N°237-2012 de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Ayabaca, en donde la fiscalía optó por el sobreseimiento del mismo.
Esta denuncia tuvo origen en "la apropiación de 200 bolsas de cemento" de la obra de reconstrucción y ampliación del colegio N°20633 sector Llanos de Aragoto.
La misma suerte corrieron las denuncias por supuestas irregularidades los proyectos de panela granulada (S/.481,712.12) y ejecución del puente carrozable Los Molinos.
En el primer caso existiría incumplimiento del expediente técnico, y en el segundo, presuntamente, a causa del uso de materiales no adecuados.
Se trata de los casos N°60-2011 y 150-2011, ambos de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca.
FANTASMA. También pasó al archivo el caso N°11-2011, la citada fiscalía, luego que el fiscal solicitara el sobreseimiento. La denuncia fue motivada por una supuesta obra fantasma, cuyo presupuesto ascendía a 202 mil 042.51 soles.

Sobre los semáforos fantasma, aparatos que no existen en Ayabaca, el representante de la Segunda Fiscalía de esta provincia tampoco apela, y el proceso pasa al archivo, a pesar que estaban en juego un millón 579 mil 437.97 soles.

Tampoco trascendió el caso N°197-2011, de la misma fiscalía, luego que el magistrado pidiera el sobreseimiento. Aquí se puso bajo la lupa presuntos malos manejos en el proyecto de pavimentación de la calle el Calvario y calle Miraflores de Ayabaca, por el monto de 294 mil 008.91.
Finalmente, también se archivó el caso N°059-2011, de la ya conocida Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca, a raíz de un pedido de acceso a la información pública solicitada por un vecino.