El Tribunal Constitucional declaró Improcedente la demanda presentada por Nicánder Caqui Inga contra la Municipalidad de Piura, por lo que la entidad no está obligada a entregar puestos a los comerciantes que ocupan la vía pública del Complejo de Mercados, informó la comuna piurana
El 25 de febrero del 2013, José Bayona Sánchez, en representación de la Asociación Central de Comerciantes del Complejo de Mercados de Piura -que encabeza Caqui Inga- interpuso una demanda de cumplimiento contra la alcaldesa Ruby Rodríguez, solicitándole un puesto de trabajo en el marco de la privatización de los mercados del Complejo de Mercados de la ciudad.
El Segundo Juzgado Civil de Piura, mediante la Resolución N° 01 del 7 de marzo del 2013, declaró improcedente la demanda por considerarla que no cumple con los requisitos impuestos por el Código Procesal Constitucional, lo que también hace lo mismo la Sala Superior y lo declara improcedente.
Los asociados, con su dirigente Caqui Inga a la cabeza, arguyen que la
municipalidad debería otorgarles puestos de venta, con el argumento que
si no les daban, no salían o desocupaban las vías públicas.Al perder en primera instancia recurrieron a la segunda instancia, perdiendo en ambas, hasta recurrir al Tribunal Constitucional, el que ha declarado improcedente la demanda en aplicación del artículo 70° del Código Procesal Constitucional que señala que no procede el proceso de cumplimiento contra la resoluciones dictadas por el TC.
En todo caso, la demanda también es desestimada toda vez que la pretensión de “permitirles adquirir un puesto de trabajo en el marco de la privatización de los mercados del Complejo de Mercados de Piura”, no se ajusta a los requisitos previstos en la STC N° 0168- 2005-PC.
"En ese sentido, cabe decir que el juzgado y la sala han actuado correctamente y que la Municipalidad Provincial de Piura, no tiene la obligación de darles puestos (físicamente) de trabajo", indican en nota de prensa.
Con esta resolución el TC al declarar que la comuna no tiene ninguna obligación con ellos (los comerciantes ambulantes), tampoco existen motivos para mantenerlos en las calles, por lo que tiene expedito el camino para recuperar las veredas, que son de uso público.
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