Con la presencia del fiscal de Prevención
del Delito, Armando Ortiz Zapata, y el electo consejero por Piura,
Hermer Alzamora Román, la comisión encargada de la transferencia de
funciones en el gobierno regional ingresó ayer a la sede central de esta
institución para exigir la entrega de la información financiera en el
marco de la rendición de cuentas.
La reunión se prolongó por dos horas y se
levantó un acta donde se dejó en claro que el gobierno regional no ha
entregado la información de varias unidades ejecutoras, cuando la fecha
límite para la suscripción del acta de transferencia es el 29 de
diciembre.
Las subregiones: "Luciano Castillo
Colonna" y "Morropón - Huancabamba", no habrían entregado la información
a la gestión entrante, tampoco lo habrían hecho la Dirección de Salud 2
en Sullana, y el proyecto Aguas de Bayóvar.
Ayer, con la presencia de la Fiscalía, el
gobierno saliente entregó la carpeta con los datos de la sede central,
pero el detalle de la gestión en la Unidad de Gestión Educativa de
Huancabamba será presentado sin posibilidad de verificar la veracidad de
la misma.
El fiscal detalló que su presencia en el gobierno obedecía a la solicitud de la gestión entrante.
La diligencia preventiva de carácter
exhortativa encontró una buena disposición del gobierno saliente para
acceder al cumplimiento de la ley, según lo aseguró el magistrado.
“Ambas partes deben participar de la rendición de cuentas en aras de una mejor gobernabilidad”, exhortó Ortiz Zapata.
A su turno, Alzamora lamentó que se haya
tenido que llegar hasta estas instancias para recibir información vital
para el traspaso de funciones, pues solo le quedan dos días hábiles para
verificar los datos.
En el acta levantada se firmó el
compromiso de cumplir con la ley y entregar las carpetas, según la norma
de la Contraloría General de la República.
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