Viceministro planteó iniciativa privada autosostenible a alcaldes, que son dueños de empresa.
26 de Mayo del 2015 - 10:28 | Piura -
Una iniciativa de Asociación Público Privada para
la gestión de la EPS Grau, mediante un consorcio integrado por una
empresa peruana y dos españolas, que invertirían 500 millones de soles,
propuso el viceministro de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler.
Fue en la reunión que ayer sostuvo con los alcaldes que son dueños de la empresa de saneamiento y el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck.
La propuesta garantiza el mismo sistema tarifario, porque las tarifas las regula SUNASS, y considera una gestión del consorcio por 30 años.
No obstante, no todos los alcaldes asistentes salieron convencidos con la propuesta de iniciativa privada autosostenible.
PROPUESTA. La reunión estuvo orientada a viabilizar por parte de los alcaldes que la propuesta sea admitida en Proinversión, dijo Francisco Dumler.
Refirió que hace dos semanas y media el consorcio proponente, que incluye a la empresa peruana JJC y las españolas Te da Agua y Acciona Agua, presentaron la iniciativa.
“Lo que el ministerio pacta en representación de los alcaldes son estándares de servicio, no tanto proyectos en sí mismos, sino pactamos indicadores básicamente de cobertura, es decir a cuántos piuranos más hay que ponerles agua, la calidad del agua, horas o continuidad del servicio, alcantarillado, esos son básicamente los indicadores que uno pacta con este tipo de empresa”, sostuvo.
Refirió que el consorcio invertiría aproximadamente 500 millones de soles, que “se irían pagando con el actual sistema tarifario”.
En la propuesta inicial, con cargo a revisar, la gestión del consorcio sería por 30 años, agregó.
DAN EL OK. Vale indicar que en su momento los alcaldes de Piura, Oscar Miranda; de Castilla, Luis Ramírez; y Morropón - Chulucanas, José Ramón Montenegro, ven con buenos ojos dicha propuesta.
“Estoy de acuerdo y no creo que haya problema con respecto a los trabajadores porque no habrá despidos. Esperemos se concrete antes de fin de año la iniciativa”, sostuvo Luis Ramírez.
A su vez, José Montenegro expresó su conformidad con la concesión, debido a que su provincia es una de las más problemas tiene por agua.
TARIFAS. Por su parte, el viceministro detalló sobre el tema de los costos en el servicio. “Es un tema importante, porque la gente habitualmente pregunta, van a aumentar las tarifas, se van a triplicar, 400% y eso es falso, porque las tarifas no las pone ni el ministerio ni los municipios ni el gobierno regional ni el privado. Se regulan a través de la Sunass, la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Saneamiento, y es esta superintendencia la que en base a un plan maestro, la que autoriza el incremento de tarifas”, detalló.
PREVISIONES. Francisco Dumler refirió que en el caso de Piura no ocurriría lo que pasó en Tumbes, donde de acuerdo al contrato original para hacer una inversión o movilizar algún tipo de recursos los tres alcaldes tenían que firmar en simultáneo, lo que ha resultado un ejercicio de suma cero, porque un alcalde bloquea al otro y nunca se puede hacer nada.
“Ahora se han tomado las previsiones”, dijo.
“Este contrato tiene una diferencia, los alcaldes cederían su competencia al ministerio y el ministerio, en representación de ellos, administraría o suscribiría el contrato con el consorcio. La administración sería concesionada por el Ministerio de Vivienda”, sostuvo.
DEUDA Y GESTIÓN. Respecto de la deuda que la empresa mantiene con los acreedores, la autoridad ministerial dijo la estructura patrimonial de la EPS Grau está comprometida y en un régimen de pagos al ritmo de la solvencia que actualmente tiene la EPS Grau se alcanzaría a cancelar la deuda en 70 años, aproximadamente.
“Estamos proponiendo separar la estructura de la deuda de la gestión y entregar la gestión sin el compromiso de la deuda, aislándose ese efecto para que pueda gestionarse”, sostuvo.
La deuda se seguiría pagando, pero básicamente con mejoras de gestión del servicio de agua y alcantarillado, agregó.
Recordó que el Estado es el principal acreedor de la EPS Grau y la idea sería congelar la deuda, dejarla en stand by hasta que empiece a operar eficientemente la empresa.
PROCEDIMIENTO. El viceministro sostuvo que declarada la admisibilidad, si los alcaldes dan este primer paso, el ministerio tiene que expedir la declaratoria de interés nacional, y en el interín los alcaldes tienen que sacar un acuerdo de sus respectivos concejos para ceder esta función al Ministerio de Vivienda para que lleve en nombre de ellos esta iniciativa privada.
Esto debería darse en los próximos 60 días, detalló el funcionario.
“Vamos a empujar, a tratar de culminar este año”, de modo que la firma del contrato con el consorcio se realice a fines de año, señaló.
MIL 200 MILLONES. Detalló que “desde el gobierno central en los últimos cinco años hemos transferido mil 200 millones de soles a la región para agua y saneamiento y no hay mejoras sustanciales, ese es el gran problema; pudieron hacer mucho más cosas”.
“Creemos que un operador privado desde una concesión y vuelvo a repetir no es una privatización, le vamos a encargar a alguien la administración por algunos años, al término de esos años se recupera la inversión y esperemos que la empresa esté totalmente saneada, pero con servicios de estándar mundial. No puede ser que en ciertas provincias o distritos de Piura se tenga 2 horas de continuidad de agua a la semana”, expresó.
NO ES PRIVATIZACIÓN. Por su parte, el gobernador regional Reynaldo Hilbck destacó que no hay privatización, el aumento de precios se norma a través de la Sunass, que va a tener el control, y tercero “esta inversión va a necesitar muchísima gente para poder seguir adelante y que mejor que las personas que actualmente trabajan en la EPS Grau, de modo que no habría despidos masivos, como se teme.
Hilbck señaló que con esta iniciativa no se está perdiendo la propiedad de la EPS, los dueños siguen siendo los gobiernos locales, lo que se está haciendo es dando la gestión a un consorcio.
Ahora está gestionada por los acreedores, pero estaríamos dando la gestión a un consorcio y al término del contrato todas las propiedades y todas las mejoras que se han hecho, esos 500 millones de soles que se invierten quedan en propiedad de los gobiernos locales, señaló.
Fue en la reunión que ayer sostuvo con los alcaldes que son dueños de la empresa de saneamiento y el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck.
La propuesta garantiza el mismo sistema tarifario, porque las tarifas las regula SUNASS, y considera una gestión del consorcio por 30 años.
No obstante, no todos los alcaldes asistentes salieron convencidos con la propuesta de iniciativa privada autosostenible.
PROPUESTA. La reunión estuvo orientada a viabilizar por parte de los alcaldes que la propuesta sea admitida en Proinversión, dijo Francisco Dumler.
Refirió que hace dos semanas y media el consorcio proponente, que incluye a la empresa peruana JJC y las españolas Te da Agua y Acciona Agua, presentaron la iniciativa.
“Lo que el ministerio pacta en representación de los alcaldes son estándares de servicio, no tanto proyectos en sí mismos, sino pactamos indicadores básicamente de cobertura, es decir a cuántos piuranos más hay que ponerles agua, la calidad del agua, horas o continuidad del servicio, alcantarillado, esos son básicamente los indicadores que uno pacta con este tipo de empresa”, sostuvo.
Refirió que el consorcio invertiría aproximadamente 500 millones de soles, que “se irían pagando con el actual sistema tarifario”.
En la propuesta inicial, con cargo a revisar, la gestión del consorcio sería por 30 años, agregó.
DAN EL OK. Vale indicar que en su momento los alcaldes de Piura, Oscar Miranda; de Castilla, Luis Ramírez; y Morropón - Chulucanas, José Ramón Montenegro, ven con buenos ojos dicha propuesta.
“Estoy de acuerdo y no creo que haya problema con respecto a los trabajadores porque no habrá despidos. Esperemos se concrete antes de fin de año la iniciativa”, sostuvo Luis Ramírez.
A su vez, José Montenegro expresó su conformidad con la concesión, debido a que su provincia es una de las más problemas tiene por agua.
TARIFAS. Por su parte, el viceministro detalló sobre el tema de los costos en el servicio. “Es un tema importante, porque la gente habitualmente pregunta, van a aumentar las tarifas, se van a triplicar, 400% y eso es falso, porque las tarifas no las pone ni el ministerio ni los municipios ni el gobierno regional ni el privado. Se regulan a través de la Sunass, la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Saneamiento, y es esta superintendencia la que en base a un plan maestro, la que autoriza el incremento de tarifas”, detalló.
PREVISIONES. Francisco Dumler refirió que en el caso de Piura no ocurriría lo que pasó en Tumbes, donde de acuerdo al contrato original para hacer una inversión o movilizar algún tipo de recursos los tres alcaldes tenían que firmar en simultáneo, lo que ha resultado un ejercicio de suma cero, porque un alcalde bloquea al otro y nunca se puede hacer nada.
“Ahora se han tomado las previsiones”, dijo.
“Este contrato tiene una diferencia, los alcaldes cederían su competencia al ministerio y el ministerio, en representación de ellos, administraría o suscribiría el contrato con el consorcio. La administración sería concesionada por el Ministerio de Vivienda”, sostuvo.
DEUDA Y GESTIÓN. Respecto de la deuda que la empresa mantiene con los acreedores, la autoridad ministerial dijo la estructura patrimonial de la EPS Grau está comprometida y en un régimen de pagos al ritmo de la solvencia que actualmente tiene la EPS Grau se alcanzaría a cancelar la deuda en 70 años, aproximadamente.
“Estamos proponiendo separar la estructura de la deuda de la gestión y entregar la gestión sin el compromiso de la deuda, aislándose ese efecto para que pueda gestionarse”, sostuvo.
La deuda se seguiría pagando, pero básicamente con mejoras de gestión del servicio de agua y alcantarillado, agregó.
Recordó que el Estado es el principal acreedor de la EPS Grau y la idea sería congelar la deuda, dejarla en stand by hasta que empiece a operar eficientemente la empresa.
PROCEDIMIENTO. El viceministro sostuvo que declarada la admisibilidad, si los alcaldes dan este primer paso, el ministerio tiene que expedir la declaratoria de interés nacional, y en el interín los alcaldes tienen que sacar un acuerdo de sus respectivos concejos para ceder esta función al Ministerio de Vivienda para que lleve en nombre de ellos esta iniciativa privada.
Esto debería darse en los próximos 60 días, detalló el funcionario.
“Vamos a empujar, a tratar de culminar este año”, de modo que la firma del contrato con el consorcio se realice a fines de año, señaló.
MIL 200 MILLONES. Detalló que “desde el gobierno central en los últimos cinco años hemos transferido mil 200 millones de soles a la región para agua y saneamiento y no hay mejoras sustanciales, ese es el gran problema; pudieron hacer mucho más cosas”.
“Creemos que un operador privado desde una concesión y vuelvo a repetir no es una privatización, le vamos a encargar a alguien la administración por algunos años, al término de esos años se recupera la inversión y esperemos que la empresa esté totalmente saneada, pero con servicios de estándar mundial. No puede ser que en ciertas provincias o distritos de Piura se tenga 2 horas de continuidad de agua a la semana”, expresó.
NO ES PRIVATIZACIÓN. Por su parte, el gobernador regional Reynaldo Hilbck destacó que no hay privatización, el aumento de precios se norma a través de la Sunass, que va a tener el control, y tercero “esta inversión va a necesitar muchísima gente para poder seguir adelante y que mejor que las personas que actualmente trabajan en la EPS Grau, de modo que no habría despidos masivos, como se teme.
Hilbck señaló que con esta iniciativa no se está perdiendo la propiedad de la EPS, los dueños siguen siendo los gobiernos locales, lo que se está haciendo es dando la gestión a un consorcio.
Ahora está gestionada por los acreedores, pero estaríamos dando la gestión a un consorcio y al término del contrato todas las propiedades y todas las mejoras que se han hecho, esos 500 millones de soles que se invierten quedan en propiedad de los gobiernos locales, señaló.
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