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domingo, 7 de agosto de 2016

ESCÁNDALO EN LA UNP POR OBRAS VALORIZADAS EN 6.8 MILLONES

Contraloría revela hallazgos de dos obras valorizadas en S/ 6.8 millones


Los proyectos fueron adjudicados a los postores que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en las bases y los contratos se acomodaron para que las ejecutoras cobren adelantos sin problemas. Los funcionarios aseguran que no tienen ninguna responsabilidad

Una auditoría de la Contraloría General de la República pone al descubierto varias irregularidades en los procesos de selección para otorgar la buena pro de dos obras de la Universidad Nacional de Piura, por un monto que supera los 6.8 millones de soles.
En ambos casos se habría violado la Ley de Adquisiciones y Contrataciones con el Estado para favorecer a los postores que finalmente resultaron siendo los ganadores de sendos procesos.
Se trata de la licitación pública N°01-2015 para la elaboración del expediente técnico, equipamiento y ejecución del tercer pabellón de aulas de esta casa de estudios, donde se invirtieron 6 millones 740 mil nuevos soles.
REQUISITOS. En este caso, el Comité de Licitación admitió una propuesta técnica de un postor que no cumplía con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases administrativas de la convocatoria. Es decir, se le entregó la obra al Consorcio Venus, a pesar de no tener la certeza de que este podía asumir una obra de tal magnitud.
Con esta omisión se permitió que dicha empresa acceda a la etapa de evaluación de la propuesta técnica y revisión de la propuesta económica.
La Contraloría General de la República opinó que debido a estos vicios, la licitación debió ser declarada desierta, ya que ninguna propuesta era válida, pero siguió adelante con el concurso.
Asimismo, se observa que en el contrato se consideró una penalidad por incumplimiento de los plazos, menor a lo señalado en las normas vigentes. Esto significa que la ejecutora cancelará menos mora ante un eventual incumplimiento del acuerdo.
RESPONSABLES. Para la Contraloría, estas anomalías fueron permitidas por el cuestionable desempeño de los integrantes del Comité encargado de esta licitación.
Lo integra la presidenta y a la vez jefa de Oficina de Abastecimiento, María Esperanza Sánchez Silva; el primer miembro es el jefe de la Oficina de Ingeniería, Wilfredo Mantilla Tucto y el segundo miembro es el actual jefe de la oficina de Mantenimiento y Servicios Generales, Bartolomé Castillo Jiménez.
AULAS. La adjudicación Directa Pública N°01 -2015, que corresponde a la instalación de ambientes prefabricados del Colegio de Aplicación Carlota Ramos de Santolaya, que si bien es una institución educativa privada, constituye un centro productivo que le genera recursos propios a la UNP. La obra se valorizó en 355 mil soles.
En este caso, el comité permanente acogió la consulta 02 que solicita que se incluya dentro de los requisitos para participar de este proceso que los postores hayan ejecutado al menos una obra en la que se haya instalado un sistema de drywall dentro de la Universidad Nacional de Piura. Para ello, el ingeniero Carlos Carbajal Núñez se justifica en que es necesario una adecuada experiencia en el manejo de este material, para lo cual se debe tener especial exigencia en la calidad de la mano de obra.
Increíblemente, el comité especial acogió esta observación y la integró a las bases con las que se adjudicó este servicio al Consorcio Horizonte. De esta manera, se limitó el acceso de otras ofertas que no cuenten con este requisito, el cual fue considerado “limitante” por la Contraloría.
EXCLUYENTE. Este filtro que sería “artificial”, pues no estaba debidamente justificado, permitió que se quede un solo postor, a quien se le recibió una propuesta técnica que tampoco contaba con toda la documentación requerida. Con esta medida se limitaba la participación de otras empresas, contrario a lo que indican la norma.
El ganador obtuvo 52 puntos de un total de 100, con lo cual pasó a la siguiente etapa donde se presenta la oferta económica
Asimismo, al igual que en el proceso antes mencionado, al elaborar el contrato se favoreció al contratista al señalar un plazo de ejecución de 30 días, mayor al que le correspondía.
También se aceptó como garantía la retención del 10% del valor de la obra, a pesar de no cumplir con los requisitos para ganar el proceso.
ADENDA. El punto más controversial es una cláusula adicional a la firma del contrato, donde se modificó el calendario de pago establecido en el acuerdo firmado inicialmente.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, Manuel Palacios Novoa, indicó que dicho informe de control tiene la calidad de “prueba preconstituida”, con el cual se ha evidenciado la supuesta vulneración de las normas de la Ley de Contrataciones del Estado.
Agregó que de confirmarse estos hechos, estaríamos ante una evidente colusión, es decir un aprovechamiento de un cargo para favorecer a un tercero, en este caso a un contratista.
El informe 195-2016-CG/ORPI-AC es una muestra que debe ser examinado de manera minuciosa por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y no ser pasado por alto.

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