La decisión de la transnacional brasileña Camargo Correa de que sus ejecutivos cuenten todo lo que saben de los sobornos, que pagaron tanto en su país, como en otros, amenaza con alcanzar al Perú y eventualmente a la región Piura.
Esto, porque la constructora ganó la licitación para la ejecución de la primera etapa del proyecto del Alto Piura, que dejó con un avance minúsculo, pese a los millones de soles desembolsados.
45 MIL DÓLARES. Según dio cuenta el domingo el programa Cuarto Poder, el Ministerio Público investiga movimientos financieros realizados por Marcos de Moura Wanderley, cuando fue representante de Camargo Correa en el Perú, y encontró que en setiembre del 2015 depositó una fuerte suma de dinero a un abogado en Piura, Ernesto Alcántara Masías, que antes se había desempeñado como fiscal en la provincia de Huancabamba.
“Sí tuve una reunión con el señor Marcos de Moura y efectivamente he recibido 45 mil dólares por mi asesoría, solamente por una investigación que se estaba abriendo al señor en el 2015, eso fue en agosto, setiembre, octubre, nada más. Jamás he sido abogado de Camargo Correa, nunca he tenido ningún contacto con esas empresas”, dijo el letrado al programa.
Consultado sobre el tema, Alcántara precisó que renunció a la Fiscalía el 12 de marzo del 2014 y desde entonces se desempeña como abogado de la defensa libre.
Refirió que él es colegiado en la ciudad de Lima y Marcos de Moura requirió sus servicios de asesoría en el 2015 en la investigación que estaba iniciando la Fiscalía Supranacional de Lima por el caso Lava Jato.
Remarcó que su asesoría nada tiene que ver con la presencia de la constructora brasileña en Piura.
ALTO PIURA. La atención está centrada nuevamente en el proyecto del Alto Piura, con la nueva investigación que realiza el Congreso, teniendo además que el informe en minoría del ahora excongresista Juan Pari lo incluyó en la relación de obras observadas, entre las que fueron ejecutadas por empresas brasileñas, envueltas en el mayor escándalo de corrupción mundial de los últimos años.
La obra fue licitada en las gestiones del presidente Alan García Pérez y del titular regional César Trelles Lara.
El expresidente regional Javier Atkins, que fue citado por la Comisión Pari, recuerda que una de las preguntas que se le formuló fue por qué se lanzó el proceso para la ejecución del Alto Piura, sin un expediente técnico culminado.
Al respecto, la exautoridad regional recordó que el D.S. N° 055-2007-EF, de la época de Alan García, exceptuaba de la fase de pre inversión las obras de infraestructura del Túnel de Trasvase y la Presa Derivadora Tronera Sur, sobre la base de los estudios realizados por el proyecto.
Atkins, que acudió en esa ocasión junto con su abogado, también fue consultado sobre las adendas, doce en total, al contrato original.
“El contrato tenía muchas deficiencias, había una serie de cláusulas en las bases de la licitación, que no fueron incluidas, y estaban referidas a pagos que se debían hacer básicamente por mayores gastos generales, golpes de montaña y otros”, indicó.
Y sobre los motivos por los cuales la nueva gestión regional, que él presidió, no anuló el contrato, formulada por el presidente de la comisión, Atkins refirió que para entonces ya se habían desembolsado más de 100 millones de soles y se tenía que continuar, haciendo ajustes a dicho documento.
PRECIOS. El excongresista Jhony Peralta consideró que si bien la licitación del Alto Piura fue realizada por la Unops, eso no implica que no pueda haber irregularidades y responsabilidad de funcionarios de la región.
“El informe del excongresista Juan Pari alude a que se han encontrado cables diplomáticos de la embajada de Brasil -en Perú- con Brasil, donde mencionan el proceso de licitación del Alto Piura. El hecho de que las obras se hayan licitado a través de organismos internacionales no necesariamente garantiza que no han habido actos de corrupción”, sostuvo.
Recordó que en la primera licitación del Alto Piura, que “se vino abajo”, se presentaron Andrade Gutiérrez con Camargo, constituyendo el Consorcio Alto Piura, y una empresa china.
El precio referencial era de S/. 435´131,522.11, el Consorcio Alto Piura ofertó S/. 581´022,267 (133.53% del valor referencial) y la empresa China International Water & Electric Corporation (CWE) S/. 404´818,506 (93.03% del valor referencial).
Entonces, “la Unidad Ejecutora del Alto Piura incrementa el valor referencial, justo en el mismo porcentaje de la oferta que había presentado el consorcio”, remarcó.
Así, el precio base actualizado pasó a S/. 490´311,884.36, con el que se realizó la segunda licitación, que ganó Camargo Correa con un monto de S/. 479´663,437.22, y en la que ya no se presentó la empresa china.
Peralta consideró “extraño” que la Unops, que cuenta con especialistas, no observara que el expediente estaba incompleto.
“Había un apuro exagerado. Cuando vi ese tipo de irregularidades pasé a las filas de la fiscalización. Pero, el frente de defensa, la unidad ejecutora, gobierno regional, ellos viajaban en forma permanente a Lima. Lo otro (responsabilidades) es materia de investigación, pero en el informe Pari se incluye al Alto Piura”, resaltó.
“MODUS OPERANDI”. “Lo que se está denunciando es que el modus operandi de las empresas brasileras era incrementar el valor de la obra en función de las coimas que daban y luego mediante el mecanismo de adicionales incrementaban el costo. Ese mismo mecanismo se ha dado en el Alto Piura”, sostuvo el exparlamentario.
Recordó que toda la primera etapa fue licitada en 479 millones. “Ahora vamos gastando más de 400 millones y solamente se ha ejecutado un 5% de la obra. Cuando se va Camargo, prácticamente no había hecho nada, solo hizo la línea eléctrica, que está mal hecha, y una carretera, hizo obras complementarias, pero el objeto del contrato era perforar el túnel y la presa”, dijo.
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