Piura. El decano del Colegio de Ingenieros de Piura (CIP), Hugo Garcés Solano, cuestionó el lento avance que presenta el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), el cual hasta la fecha mantiene el 5% de avance en las labores pese a que el Consorcio Obrainsa Astaldi (COAS) habría recibido un adelanto de más del 50% de obra.
Para el profesional la empresa no cuenta con los técnicos suficientes para hacerse cargo del proyecto, por lo que continuamente usa diferentes pretextos para evadir su responsabilidad en el mínimo avance que presentan los trabajos.
Según Garcés Solano, a la fecha –y según el cronograma– el proyecto debe tener más del 20% de avance en los trabajos; no obstante, no se ha logrado realizar las labores esperadas en el primer componente, es decir, en el túnel de trasvase.
“La ejecución del avance no llega ni al 5%; sin embargo les han pagado el 50% a la empresa. Obrainsa no avanza y el consorcio supervisor tampoco le exige. Me parece que la empresa no está capacitada, no tiene ni los técnicos ni el equipamiento necesario”, lamentó.
Ante ello, el titular del CIP advirtió una posible anulación de contrato con la empresa, ya que ante el avance mínimo que presenta la obra el directorio del PEIHAP habría tomado la decisión de rescindir el contrato con el consorcio.
“Que la empresa diga si quiere seguir trabajando o seguir poniendo obstáculos. Me parece que es una empresa que no tiene solvencia económica ni personal técnico. Los ingenieros extranjeros propuestos no están en obra y eso dificulta el avance”, espetó Hugo Garcés.
ADELANTOS
A la fecha el consorcio ha cobrado más de 240 millones de soles en adelantos, los cuales estuvieron bien sustentados pero no se ajustan a los trabajos de avance de obra presentados por el COAS.
“Ellos insisten en poner trabas. Primero las lluvias, ahora los caminos cortados. La rescisión es una medida extrema pero no queda otra solución. La empresa tiene un año y medio y no se ha avanzado. Por eso el directorio del PEIHAP evalúa rescindir el contrato”, enfatizó.
Cabe recordar que el COAS primero pidió 25 millones de soles en adicionales de obra y luego redujo la cifra a 15 millones de soles; pero ambos montos fueron denegados por el Gobierno Regional de Piura por recomendaciones técnicas. Finalmente fijó un adicional de 5 millones 660 mil soles, mientras el proyecto presentaba un avance físico de apenas 5%.
RESPONSABILIDADES
Al respecto el CIP mostró su preocupación por el desempeño de Obrainsa Astaldi, del supervisor y de los mismos funcionarios, quienes –de comprobarse las irregularidades en el desarrollo de las actividades del proyecto– tendrían responsabilidad administrativa e incluso penal.
Por ello ha demandado a las autoridades regionales tomar con cautela el caso y negociar con la empresa a fin de no ver perjudicado el proyecto.
Posibles firmas falsas
El Proyecto Alto Piura es también un caso complejo de la comisión Lava Jato. Ahora se ha visto envuelto en una posible falsificación de firmas, cuyo protagonista es Arquímedes Sánchez Chunga, un ingeniero civil con experiencia en importantes obras de infraestructura en el norte del país, cuyo nombre figura en el expediente técnico del proyecto. Sin embargo, el especialista advirtió que esta no sería su firma.
Lo preocupante es que los estudios de ingeniería y elaboración del expediente técnico del Proyecto Alto Piura estuvieron a cargo de la empresa Asesores Técnicos Asociados, ATA, cuyo representante del consorcio era entonces José Hernández Calderón, el actual ministro de Agricultura.
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