El Estado solo ha recuperado 184 millones de dólares, informó un procurador. Se ha procedido a la incautación de cajas de seguridad de Crousillat en Argentina...
El Estado sólo ha recuperado 184 millones de dólares de los aproximadamente 6.000 millones “desaparecidos” durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), informó en el 2010 el procurador anticorrupción, Pedro Gamarra.
En nueve años de trabajo de la procuraduría anticorrupción, creada para investigar las denuncias contra la mafia encabezada por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, se abrieron 428 procesos penales y hay 145 investigaciones preliminares, agregó Gamarra en rueda de prensa.
El procurador detalló que durante el Gobierno de Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, se privatizaron empresas públicas por un monto aproximado de 7.000 millones de dólares, pero al término de esa gestión sólo se encontraron 500 millones de dólares en el Tesoro Público.
Una de las empresas que obtuvo el precio más alto fue la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), que fue vendida, en monopolio, a Telefónica de España por 2.000 millones de dólares en 1994.
Gamarra calculó que el Gobierno gastó unos 1.000 millones de dólares en obras públicas y, por lo tanto, cerca de “6.000 millones desaparecieron del erario nacional”.
El procurador explicó que él y sus colegas del Consejo de Defensa Jurídica del Estado están “en la lucha por recuperar lo máximo” de los recursos extraídos durante ese Gobierno.
CASO CROUSILLAT
Para la procuraduría es la recuperación de los 80 millones de soles (27 millones de dólares), ordenados como reparación civil contra el ex empresario de televisión José Enrique Crousillat, que fue prófugo de la justicia, después de que el Gobierno anulara el indulto que le había otorgado en diciembre del 2009.
Crousillat fue condenado a ocho años de prisión por haber recibido dinero de Montesinos para respaldar la reelección presidencial de Fujimori en el 2000, pero fue indultado en un proceso que fue investigado por el ministerio de Justicia.
Gamarra explicó que se procedió a la incautación de cajas de seguridad de Crousillat en Argentina, donde fue detenido en 2005.
El ex empresario de televisión, José Enrique Crousillat, salió en libertad en 2014 luego de cumplir su condena de ocho años de prisión por vender la línea editorial de América TV al régimen fujimontesinista y recibir dinero del ex asesor Vladimiro Montesinos.
NARCOS EN FUERZA POPULAR
CASO ALEJANDRO TOLEDO Y OLLANTA SEGÚN PPK
PPK niega encubrimiento a Alejandro Toledo: “Hay un debido proceso”
Mandatario calificó de trágica la situación de ex presidentes cuestionados por corrupción y con medidas carcelarias.
Durante el X Congreso Nacional de Jueces en Tacna, PPK recordó que Alberto Fujimori se encuentra preso por los delitos de homicidio calificado con alevosía (casos La Cantuta y Barrios Altos) y secuestro agravado.
Aludió además a la situación de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes fueron encarcelados hoy como parte de la orden judicial de 18 meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por lavado de activos.
“Esto no debería estar ocurriendo”, dijo el mandatario en general respecto a los casos que involucran a ex presidentes.
“Y tenemos otro presidente con el cual yo serví, que está muy cuestionado. Y se nos acusa a nosotros de encubrirlo, lo que es completamente falso. Hay un debido proceso y ustedes los jueces lo saben mejor que nadie”, apuntó en su discurso aludiendo al prófugo ex presidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa dos órdenes de prisión preventiva.
Al respecto, manifestó que en Estados Unidos, donde se encuentra Toledo, no se pueden realizar extradiciones a residentes precisamente sin un debido proceso. Explicó que el pedido de extradición primero pasa por el Departamento de Estado, luego el Departamento de Justicia y finalmente una corte del lugar donde vive el imputado, en este caso California.
Asimismo, señaló que el abogado de tribunal para ese caso es el fiscal designado por el Departamento de Justicia, no el que contrata el Estado peruano. “Ese señor que está contratado es nada más un asesor”, incidió.
Como se ha informado, el Ejecutivo contrató los servicios legales del estudio jurídico Foley Hoag para asesorar al Estado peruano en los diversos procedimientos que se realizan en Estados Unidos por el pedido de extradición que se ha formulado para el ex mandatario Alejandro Toledo.
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