De mantenerse la decisión política adoptada por el Congreso de la República, el próximo año se procederá a modificar la Constitución Política del Perú, para impedir las reelecciones de alcaldes, presidentes regionales, regidores y consejeros. Como sucedió con la revocatoria, en esta medida no se consideran a los congresistas de la República, quienes mantendrán su régimen preferencial de ser intocables en una decisión institucional de esta naturaleza.
Un primer aspecto que primó en esta
propuesta, está vinculado a la corrupción. Se cree que las reelecciones
alimentan la corrupción y se encuentra una relación directa en su
crecimiento. Si bien es cierto, que la corrupción existe, las causas que
las explican van más allá del hecho político de una elección y manejo
de recursos en las instituciones públicas donde ejercen el poder.
La corrupción se encuentra enraizada en
la sociedad y en la institucionalidad. La población, se acostumbró al
latrocinio público, a la corruptela de alcaldes y presidentes
regionales; más no solo ellos, en la lista se encuentran magistrados del
Poder Judicial y Ministerio Público, policías en general; y se extiende
hasta funcionarios del gobierno nacional. La corrupción es aceptada y
permitida por la población misma.
En las últimas semanas se habla de las
presuntas prebendas recibidas por miembros del Jurado Nacional de
Elecciones y del Tribunal Constitucional. Se les ha señalado con nombres
y apellidos; contra ellos no pasa nada. Contrariamente a una actitud
para esclarecer la verdad, un comunicado del JNE se defiende; el
Tribunal Constitucional, dice que investigará.
En un nivel más bajo a los altos
funcionarios, es común observar la corruptela de "hormiga" de decenas de
policías. Reciben desde un nuevo sol y el monto puede subir de acuerdo a
la característica de la infracción o de la presión. Nadie se alarma ni
se sorprende. Si quieren comprobarlo, sería simple. Solo se requeriría
viajar de incógnitos hacia el Puente Internacional o Tumbes y solo con
observación comprobaríamos de lo que sostenemos.
En lo político, el corrupto se
desenvuelve en un contexto y muchas veces asume la careta de honesto.
Recientemente, un personaje de dudosa moral, ofrecía "acabar con la
corrupción". Quienes lo conocen saben que eran solo palabras y no
existía ninguna consecuencia entre la palabra y su acción ya conocida.
Otros, gritan y fungen que son honestos, pero todas las obras públicas
se adjudican al 110% del valor referencial.
El control social es importante, si se
desea disminuir los niveles de corrupción. La sociedad civil debe ser
más participativa para evitar que este tipo de hechos se produzcan; sin
embargo, se requiere responsabilidad para no dar por ciertos los
supuestos. Muchas veces es común considerar como corrupto a alguien por
solo una versión periodística o un murmullo. Además, se requiere un
cambio cultural para no dar por normal, este tipo de acciones.
El control institucional es básico.
Contraloría General de la República, es una expresión de buenas
intenciones. Dirigen sus actividades hacia donde se encuentra el barullo
y actúan cuando el conflicto se presenta. No es sistémica ni oportuna.
Aún con esta particularidad, durante los últimos años se evidencia que
quiere hacer mejor las cosas.
Sucede lo contrario en el Ministerio
Público y Poder Judicial. Aún en estas instancias, prima la dádiva y la
prebenda. ¿Alguien podría explicar lo sucedido con Álvarez en Ancash o
de Torres en Lambayeque?. Los fallos benevolentes se envuelven en un
falso manto de decisión discrecional de nuestros magistrados. ¿Se han
adoptado medidas radicales para sancionar a estos magistrados?. Nada.
La lucha contra la corrupción implica
decisión, políticas públicas para combatirla y una fuerte convicción
para implementarlas. No es impidiendo una reelección como se logrará.
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