La roca era más grande que una camioneta y venía a toda velocidad a aplastar su carpintería. Máximo Díaz se considera con suerte divina: la piedra se desvió al chocar con una berma y terminó a un costado de la carretera.
La escena de rocas cayendo desde un cerro se repitió continuamente. En enero de este año tuvieron un destino diferente. “Han botado piedras con excavadoras, han venido piedras a toda velocidad y ¡paaaaam! han caído en el techo”, cuenta Máximo mientras señala los agujeros en la calamina, aún visibles a pesar de las reparaciones. “Había un mueblecito aquí, le ha caído una piedra y lo ha destrozado”.
Máximo tiene 64 años y vive en Morococha, una ciudad de los andes centrales, a 4 mil 600 metros de altura. El taller de carpintería en el que trabaja desde 1977 está ubicado en las faldas del cerro San Francisco, también conocido como Toromocho.
Debajo de Morococha hay una reserva de mil 526 millones de toneladas de cobre, molibdeno y plata, que será explotada durante 36 años por el megaproyecto Toromocho, una mina a tajo abierto.
Para el Gobierno peruano y para Chinalco, subsidiaria de la Aluminum Corporation of China y titular de la mina, se trata de una de los iniciativas más importantes de los últimos años. Con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares, será uno de los motores de la economía de Perú, país que ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de productores de cobre.
Para Máximo y las 70 familias que aún quedan en Morococha, Toromocho es la causa del desprendimiento de rocas que los mantiene en alerta. Es además el motivo por el que la ciudad carece de los servicios básicos: no hay hospital ni posta médica; tampoco comisaría, ni escuelas. Mongabya corroboró que en las últimas elecciones presidenciales no hubo un solo local de votación.
Chinalco obtuvo el permiso para operar en el 2010, y hasta el momento tiene una producción creciente: en el 2015 alcanzó 182 mil toneladas de cobre fino, de acuerdo a un reporte de la agencia Reuters. La empresa planea ampliar la capacidad de la mina en un 45%, lo que implica una inversión adicional de mil 300 millones de dólares.
“Con este proyecto, el Perú se consolida como una potencia minera”, dijo el presidente Ollanta Humala durante la puesta en marcha de Toromocho, en diciembre del 2013. “Que haya larga vida a una operación minera con responsabilidad social”.
Tres meses después del discurso del mandatario, la mina fue paralizada temporalmente como sanción por descargar efluentes ácidos en las lagunas Huacracocha y Huascacocha. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Chinalco con una multa de 83 mil dólares por la infracción ambiental.
El tajo abierto no se logra ver desde Morococha pero las detonaciones resuenan en toda la ciudad. Ruinas por demolición y casas inhabitadas construyen el panorama de una ciudad abandonada. Máximo bromea con la situación: “esto parece como si hubiera pasado un sismo, sólo los sobrevivientes estamos”.
El inicio del reasentamiento
Morococha está ubicada en la provincia de Yauli, región Junín, una región con 3 mil 600 concesiones mineras; el 22% de su territorio está concesionado. Sólo para llegar a Morococha se pasa al menos por siete minas. La historia de Morococha se finca en la minería y en el comercio vinculado a ella. Los estragos ambientales de siglos de la actividad minera en Morococha impiden la presencia de actividades alternativas como agricultura o ganadería.
El proyecto de Toromocho fue bien recibido en Morococha, a pesar de que implicó un cambio determinante: el proyecto sólo sería viable tras el reasentamiento de la población. “Cuando vino Chinalco, la recibimos con aplausos: ‘ahora sí vamos a tener trabajo, vamos a tener salud, educación, el mejor va a construir nuestra casa’”, comenta Máximo.
Chinalco empezó la construcción de la Nueva Morococha, o Carhuacoto, en abril del 2010. Está ubicada a 10 kilómetros de la antigua ciudad. Aunque eran mil 200 las familias que debían reasentarse, en un primer momento solo 60 de ellas lo hicieron. La mudanza comenzó en octubre del 2012, pero hoy, casi cuatro años después, el reasentamiento continúa.
Negociación y riesgos
Los motivos del rechazo a la reubicación son diversos. “Queremos bajar con un Marco Convenio”, señala Naldo Orihuela, profesor de secundaria de Carhuacoto que vive en la antigua Morococha. “Estamos pidiendo una indemnización por desarraigo, y el precio justo de nuestras propiedades”, agrega Máximo Díaz desde su carpintería. “Lo que queremos es un puesto de trabajo, nada más. Nos da puesto de trabajo y nos estamos bajando”, dice Artica Dianderas, dueña de una bodega en la antigua ciudad.
Otros pobladores cuestionan las condiciones de seguridad en Nueva Morococha. La controversia parte de un informe del Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, en el que se identifican peligros naturales en la zona de Carhuacoto, como la ocurrencia de sismos y la posibilidad de inundación debido al desborde de quebradas aledañas.
Algunas personas han comentado que no fueron informadas sobre estos posibles riesgos. La desconfianza persiste a pesar de la respuesta del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que rechazó y desautorizó el estudio de Vivienda.
“Nos vamos a ir cuando hagan un estudio de evaluación de riesgos de la nueva ciudad. No podemos irnos a ciegas a ese lugar”, dice Rosa, morocochana de 40 años de edad que pidió no mencionar su apellido por temor a represalias.
Ana Leyva, abogada de la ONG Cooperacción, comenta que lo mejor es que sea un tercero independiente, aceptado por ambas partes, el que determine las condiciones de seguridad de la nueva ciudad. “Es una inversión pero da seguridad, da confianza [a la población]. Y que si hay algo que corregir, se haga”.
“Nos están sacando”
Los registros de la empresa señalan que el reasentamiento es voluntario. Sin embargo, la voluntad de los pobladores no fue lo único que motivó el desplazamiento. En agosto del 2013, ante la negativa de buena parte de la población a trasladarse, el Gobierno decretó Estado de Emergencia en Morococha para ejecutar “la inmediata reubicación de la población”.
La declaratoria estuvo basada en el informe N° A6636 de Ingemmet, el cual determina que Morococha Antigua no es un lugar seguro para vivir debido al riesgo de posibles derrumbes y desprendimientos de rocas. El estudio señala como causa de los riesgos a las lluvias, los sismos, y las detonaciones de Toromocho.
Un mes después, el Congreso promulgó la Ley 30081, que nombró a la “Nueva Morococha” como capital del Distrito. Durante el Estado de Emergencia se trasladaron las instituciones públicas, entre ellas la Municipalidad y las escuelas. En el caso de estas últimas hubo enfrentamientos con la Policía.
“Nos echaron bomba lacrimógena. Nosotras queríamos sacar lo que nos correspondía como madres, habíamos comprado los materiales de nuestros hijos en ese jardín de niños”, cuenta Rosa. Agrega que no les fue permitido improvisar otros centros de educación en espacios públicos. ¿La razón? Debían reubicarse.
En febrero del 2014 hubo un corte en la energía eléctrica de la ciudad, aunque mediante recurso legal se logró restablecer unos días después. Los pobladores denuncian que trabajadores de la empresa les piden que se vayan del lugar.
Mongabay, la fuente de esta nota, comprobó que las detonaciones en el cerro Toromocho persisten a pesar de que la norma minera establece que las voladuras deben hacerse a una distancia mayor a 500 metros de las personas. “Es involuntario. Es un interés de la empresa. Ellos nos están sacando, no nos estamos yendo voluntariamente”, comenta Rosa.
Porfirio Barrenechea, comisionado de la Defensoría del Pueblo, considera que la solución podría pasar por una negociación mientras se definen las condiciones del reasentamiento. “No se puede dejar a la gente sin educación, sin servicio de salud. Con rocas inmensas que han caído muy próximas a las viviendas. Eso es una amenaza permanente mientras no se concluya el reasentamiento”.
Alerta internacional, negación nacional
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), reconocida mundialmente por su rol promotor de derechos humanos, determinó que en Morococha “se ha vulnerado el derecho a la vivienda y la obligación de proteger la seguridad de la tenencia de vivienda contra el desahucio, hostigamiento u otras amenazas”.
Morococha figura en informes internacionales sobre vulneraciones a derechos humanos. Según el Gobierno peruano es “la primera experiencia exitosa de reasentamiento de una ciudad sin ningún costo social”, de acuerdo a una publicación de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. El Quinto Juzgado Especializado en materia Constitucional desestimó la demanda presentada por el Frente de Defensa de Morococha, que lidera Máximo Díaz, tras la caída de rocas de mayo del 2014.
“Permitir que sigan viviendo en una zona altamente contaminada, donde se ejerce actividad minera durante muchos años, pone en riesgo sus vidas”, dice la resolución judicial.
Luego de que las piedras atravesaron el techo de su taller, Máximo Díaz reclamó a funcionarios de Chinalco y les informó que interpondría acciones legales en su contra. “Me dijeron que la justicia va a tardar años. El proyecto tiene que seguir avanzando, está autorizado por el Estado. Van a seguir las voladuras. Hay que llegar a un acuerdo”.
Mongabay buscó la versión de Chinalco pero la Supervisora de Programas de Responsabilidad Social, Elizabeth Poma, indicó que no es política de la empresa dar declaraciones a la prensa. A pesar de eso, Poma pidió que le enviemos las preguntas a través de un correo electrónico, cosa que hicimos el pasado 27 de junio. Hasta el momento no ha habido respuesta.
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