En medio del tsunami Odebrecht han pasado desapercibidas dos importantes noticias. La primera es que nos acabamos de enterar oficialmente que la inversión del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) ya alcanza los US$ 5,400 millones. Y como la nueva fecha de finalización del proyecto es en el segundo semestre del 2020, lo más probable es que la inversión de cierre sea mayor.
La otra novedad en relación al PMRT es que recién se nos ha anunciado oficialmente que ya no se trata de una modernización de la vieja refinería de Talara sino de una nueva refinería.
Es así que en una entrevista concedida a Gestión (21.02.2017), el presidente de Petroperú (PP), Eduardo García Rossel (EGR), ante una pregunta específica de si se trata de una refinería nueva o la misma con nuevos componentes, dio una respuesta que no deja dudas: “Hoy tenemos 65,000 barriles por día de tecnología antigua. No es que estamos yendo de 65,000 a 95,000. No. Estamos eliminando los 65,000 y haciendo 95,000 barriles nuevos”.
El ocultamiento de la verdad se encuentra en la propia página web de PP (aunque sospecho que rápidamente será cambiado), dentro de la carpeta correspondiente a la PMRT, en el file “¿Qué es el PMRT?”, dice textualmente que “El PMRT asegura el desarrollo energético del país permitiendo: incrementar en más del 45% la capacidad de producción de la Refinería. Es decir, pasar de producir 65 mil a 95 mil barriles por día (b/d)”. Lo que precisamente ha desmentido el propio presidente de PP.
Lo anterior es solo una muestra que uno de los grandes problemas de PP en relación al PMRT es su falta de transparencia. Para empezar, la Ley 30130, del 17.12.2013, que se refiere al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), por ninguna parte menciona una nueva refinería de 95,000 bb/día. Adicionalmente, fue exonerado del SNIP (que lo más probable era que no lo hubiera aprobado), se inició sin los estudios de preinversión completos y nunca se explicó por qué, luego de haber anunciado que se iría a una licitación internacional, terminaron adjudicando, una vez más a dedo, a Técnicas Reunidas los estudios y luego la ejecución del 100% del proyecto.
Asimismo, a pesar de todas las críticas que hemos efectuado a megaproyectos como el Gasoducto Sur Peruano (GSP) o la Interoceánica del Sur (IOS), hay que reconocer que cualquiera puede acceder a la web de ProInversión y encontrar toda la información relevante a ellos. Y lo he comprobado personalmente al recibir las informaciones requeridas. En cambio, si uno ingresa a la web de PP y al icono del ex-PMRT, solo encontrará información muy general, casi turística; pero ninguna información relevante para poder efectuar un análisis de la Nueva Refinería de Talara (NRT).
Otro gran problema que afronta la NRT es el del financiamiento, que ha seguido un derrotero tan “particular” como lo ha hecho el monto de inversión. Es así que en la citada entrevista de Gestión EGR menciona “Por alguna razón no hubo financiamiento para esta obra”. Precisando que lo que hizo la empresa tiempo atrás fue sacar un crédito sindicado por US$ 500 millones.
Es grave que habiendo transcurrido 3 años y 3 meses desde la promulgación de la Ley 30130, que autorizó el ex-PMRT, no hubiera todavía financiamiento para este megaproyecto. En todo caso, el nuevo monto de inversión de US$ 5,400 millones se financiaría, de acuerdo a EGR, de la siguiente manera: la Corporación Española de Seguro de Crédito (CESCE) otorgaría un aval hasta por US$ 1,500 millones a favor de los bancos que financien el proyecto. Luego vendría un financiamiento de US$ 3,000 millones vía emisión de bonos.
Además, ya se cuenta con un aporte de capital del Tesoro Público por US$ 300 millones. Y, finalmente, PP aportará “recursos disponibles” por US$ 500 millones aproximadamente. Y si hubiera alguna diferencia, esta sería pequeña.
Sobre el financiamiento hay que mencionar que la Ley 30130, que autoriza la ejecución del ex-PMRT, en su artículo 5, solo aprueba el otorgamiento de garantías del Gobierno Nacional hasta por un monto total acumulado de US$ 1,500 millones; por lo que se ha duplicado el monto autorizado. Y como ningún inversionista va a comprar los bonos de PP sino vienen con la garantía de la República del Perú, lo más probable es que una parte importante del servicio de la deuda de dichos bonos lo tenga que asumir el Estado. O sea, todos los contribuyentes.
Es que dado los diversos incrementos en la inversión de la NRT, su sobredimesionamiento; el elevado nivel de endeudamiento y otros problemas de PP, es probable que el producto final pueda resultar más caro que el importado. Y los sufridos usuarios de gasolina tendríamos que seguir pagando precios mayores que los vigentes en el mercado internacional. Ya no durante la etapa de construcción, como lo estamos haciendo actualmente, y financiando de esta manera los “aportes propios” de PP, sino también durante su etapa operativa.
Sin embargo, los problemas anteriormente descritos no son responsabilidad del Gobierno de PPK ni de la administración actual de EGR.
De otro lado, hay que llamar la atención sobre las numerosas leyes que han aprobado los diversos Congresos declarando de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de numerosos proyectos de inversión, sin tener idea de los montos de inversión que finalmente alcanzarán los mismos, ni cómo se financiarían. Convirtiéndose estas leyes en una suerte de cheques en blanco.
Y si consideramos la carga que representan el GSP, la IOS y otros elefantes blancos que se han aprobado en el pasado reciente, las generaciones venideras tendrán que soportar una carga muy difícil de sobrellevar. Esto tiene que parar.
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