No sería la primera vez que la justicia peruana anula una gracia presidencial.
En 2009, el presidente Alan García otorgó un indulto humanitario a José Enrique Crousillat, exdueño de América Televisión y condenado a ocho años de cárcel por recibir dinero de Vladimiro Montesinos, en su momento jefe de inteligencia de Fujimori, a cambio de someter la línea editorial del canal peruano al gobierno.
Supuestamente, Crousillat padecía de enfermedades cardíacas que ponían en riesgo su vida.
Pero meses después de salir libre medios peruanos difundieron imágenes del Crousillat comprando en un supermercado de Asia, un exclusivo balneario limeño.
Luego se demostró que no tenía las enfermedades que decía y en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) revocó su indulto.
¿Qué tendría que pasar para que el TC haga lo mismo con Fujimori?
¿Juez y parte?
El exfiscal Avelino Guillén, uno de los que sustentó las acusaciones contra Fujimori, dijo que el indulto podía ser anulado por presentar "graves vicios procesales".
En una entrevista con el medio Ojo Público, Guillén cuestionó que uno de los doctores integrantes de la Junta Médica Penitenciaria, Juan Postigo, haya sido médico personal del exmandatario, ya que habría actuado como juez y parte en el proceso.
"Es factible presentar una acción de amparo para que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional revisen el caso", afirmó.
Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, le dijo a BBC Mundo que no necesariamente es problemático que uno de los integrantes de la Junta Médica Penitenciaria haya atendido a Fujimori anteriormente.
"No ha sido inusual o infrecuente que el médico del reo participe en la Junta Médica porque conoce el caso y puede tener mayores elementos de juicio para ilustrar a los otros miembros. Este hecho per se o de manera aislada no nos puede llevar a mayores conclusiones", señaló.
García Toma reconoció que si a raíz de la participación de Postigo "hubiera alguna duda sobre la transparencia", el proceso podría evaluarse.
"Si se considera que esa circunstancia hace anómalo el trámite y así lo estima el Poder Judicial, así será", sostuvo. "Per se no parece, pero eso no cierra la puerta a que un juez que tenga otra interpretación pueda llegar a una conclusión distinta".
¿Sin razón?
En Perú, el indulto se recomienda para presos que "padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable", según el Reglamento de Gracias Presidenciales.
El reconocido oncólogo peruano Élmer Huerta, expresidente de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, le dijo a Radio Programas del Perú que está seguro de que la lista de males atribuidos a Fujimori por la Junta Médica incluye "enfermedades que muchísimos ancianos peruanos tienen".
"Presión arterial, hernia lumbar, crecimiento benigno de la próstata, fibrilación auricular, o sea latidos anormales del corazón, todos son padecimientos crónicos propios de una persona de la edad (de Fujimori)", señaló.
Algunas enfermedades de Alberto Fujimori
(Según la Junta Médica Penitenciaria)
* Fibrilación auricular (arritmia recurrente)
* Cáncer de lengua, operado seis veces, con riesgo de reaparecer
* Hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas
* Depresión medicada
* Insuficiencia de una válvula del corazón
* Hipotiroidismo subclínico (leve)
Boletín Oficial El Peruano
El doctor Huerta comentó que el cáncer en la lengua nunca había reaparecido y que había sido "perfectamente controlado con seis cirugías locales".
El acta en la que Junta Médica recomienda el indulto señala que el encarcelamiento podría hacer que el cáncer regrese. Sin embargo, Huerta afirmó que "desde el punto de vista científico, esto está en duda".
"Ninguna de estas enfermedades es de vida o muerte", concluyó, "desde el punto de vista médico, este indulto no tiene una razón".
Pero para García Toma, expresidente del TC, la opinión de Huerta, a diferencia de la de Postigo, tiene un punto débil: "No conoce al paciente, no lo ha visto nunca".
Anulación
Otro de los requisitos para otorgar un indulto humanitario es que "las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo la vida, salud e integridad" de los reclusos.
El exfiscal Guillén critica que la resolución del indulto sostenga que "el establecimiento penitenciario no cuenta con los servicios necesarios para la atención médica".
"Si (a Fujimori) se le ofrece facilidades para que sea atendido en clínicas, este requisito (para dar el indulto) se cae", dijo Guillén.
Pero para García Toma, Fujimori "es una persona de 79 años que requiere un tipo de atención que tal vez no puede recibirse en una cárcel".
Sobre las sospechas de que PPK indultó a Fujimori a cambio del voto del hijo de este en el Congreso, el expresidente del TC opinó que estas eran todavía suspicacias y no elementos objetivos para revisar el indulto.
No obstante, García Toma explicó que, si alguien cree que hubo vicios en el proceso del perdón presidencial, puede presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial, y en segunda instancia, ante el TC.
El experto aclara que solo puede investigarse o cuestionarse el proceso que hay detrás de la decisión presidencial, pero la decisión misma no, ya que según la Constitución peruana, tiene efecto de "cosa juzgada".
"Un indulto podría ser anulado únicamente si incumple el procedimiento previo establecido en la Constitución o en el Reglamento de Gracias Presidenciales o si la Junta Médica hubiese actuado de manera dolosa", señaló el jurista, como sucedió en el caso de Crousillat.
"Pero si se cumple el procedimiento establecido por la ley, la decisión del mandatario queda convalidada", dijo. Añadió que la evaluación sobre si la decisión del presidente fue correcta o no, solo "queda para un juicio político".
Vía internacional
Paralelamente a las acciones que puedan presentarse en Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, también podría pronunciarse sobre el indulto, según el exfiscal Guillén.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú y representante de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, coincide con él.
Fujimori fue enviado a prisión por ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres.
Una en 1991, en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la otra en la Universidad de la Cantuta, también en la capital, en 1992, que resultaron en la muerte de 25 personas. También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
El martes, Rivera dijo en su cuenta de Twitter que un grupo de organizaciones de derechos humanos había enviado un informe "sobre el ilegal indulto a Alberto Fujimori" a la Corte-IDH, para que supervise si la medida afecta el cumplimiento de las sentencias en las matanzas.
Rivera sí cree que el indulto incumplió el procedimiento correspondiente y que, además, contradice las disposiciones de la Corte-IDH en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
En 2001, la Corte-IDH falló que el Estado peruano debía investigar y determinar responsabilidades en la matanza de Barrios Altos. En 2006, emitió un fallo similar para la de La Cantuta.
"Como la Corte se pronunció sobre estos casos, podría evaluar si (el indulto) evita o afecta el cumplimiento cabal de las condenas", dijo García Toma.
La Corte pedirá al Estado peruano un informe sobre por qué indultó a Fujimori y se pronunciaría a más tardar en marzo, de acuerdo a Rivera, de IDL.
"La Corte-IDH podría disponer que la resolución sea anulada", dijo este abogado.
García Toma señala que la Corte-IDH solo se ha pronunciado sobre indultos comunes y amnistías.
"No ha habido evaluaciones sobre indultos humanitarios (justamente por ser humanitarios y referirse a la dignidad de las personas)", opinó, "a menos que sustenten que ha habido vicios procesales, pero hasta ahora no parece que haya elementos significativos".
PARA TENER EN CUENTA: FUJIMORI INDULTA A NARCOTRAFICANTES
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